Los diputados darán a conocer sus bienes y sueldos en la web provincial
La iniciativa, consensuada por los grupos, es pionera en la región y utilizará el modelo de declaración del Congreso
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Antonio Iglesias y José María Barrios en una mesa presidencial sin San Damián.
Foto Emilio Fraile
J. M. S. Los bienes y percepciones de los 24 diputados que componen la sala noble de La Encarnación saldrán a la luz en breve tras el acuerdo de los grupos políticos en el pleno de ayer, una iniciativa pionera en las instituciones provinciales de Castilla y León por deseo expreso de los dirigentes provinciales. La página web de la propia Diputación (diputacióndezamora. es) será la que dé a conocer a los ciudadanos las rentas de los representantes locales.
Los cuatro partidos se mostraron de acuerdo en hacer públicas las cuentas personales de los diputados, con la debida salvaguarda de aquellos datos «que pertenezcan al ámbito privado». Tras las intervenciones de los portavoces en el pleno de ayer en La Encarnación, el presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo, saludó la predisposición y aclaró que «ni es una nueva ley ni es obligatoria». Sus palabras contestaban al diputado de IU, Francisco Molina, quien también pidió detallar «en qué se gastan los partidos» las partidas que le son asignadas. A saber, los 87.000 euros para el PP, los casi 58.000 para el PSOE y los 17.000 del grupo mixto.
Según el presidente de la institución, la gente podrá comprobar que «nuestras percepciones están por debajo del común de las administraciones locales del resto del país». Para ello, consignarán sus datos económicos en un formulario calcado del que acaba de utilizar el Congreso y el Senado para los representantes de ámbito nacional. Cumplimentar una declaración con los bienes no es nuevo, pero sí su publicación, en este caso, en la web de la institución.
Por su parte, la portavoz socialista, Rosa Muñoz, aseveró que la iniciativa ayudará a «no meter a toda la clase política en el mismo saco» y luchar contra dichos populares recurrentes como «el que se mete en política es porque algo sacará».
Sin apenas contenido a la espera de los nuevos presupuestos, el pleno ordinario de febrero tan sólo sirvió para tomar razón de la denuncia de la diputada popular Clara San Damián, que acaba de ser nombrada subdelegada del Gobierno. De ahí que hubiera un sillón vacío, el que deberá ocupar el alcalde de Fuentesaúco, Gaspar Corrales, en la próxima sesión.
Sí salió adelante la moción del Partido Socialista para pedir a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de los gastos que generan los enfermos psíquicos, toda vez que las competencias sanitarias pertenecen a las administraciones regionales. Este capítulo supone más de dos millones de euros anuales. «El nuevo Gobierno prepara una ley para determinar las competencias que cada administración puede ejercer y prohibir las que le son impropias», adelanto el presidente Maíllo. Por otro lado y por iniciativa de Adeiza, la institución impulsó el expediente para conceder la medalla de oro al historiador Quintín Aldea, fallecido el 30 de enero.
La iniciativa, consensuada por los grupos, es pionera en la región y utilizará el modelo de declaración del Congreso
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Antonio Iglesias y José María Barrios en una mesa presidencial sin San Damián.
Foto Emilio Fraile
J. M. S. Los bienes y percepciones de los 24 diputados que componen la sala noble de La Encarnación saldrán a la luz en breve tras el acuerdo de los grupos políticos en el pleno de ayer, una iniciativa pionera en las instituciones provinciales de Castilla y León por deseo expreso de los dirigentes provinciales. La página web de la propia Diputación (diputacióndezamora. es) será la que dé a conocer a los ciudadanos las rentas de los representantes locales.
Los cuatro partidos se mostraron de acuerdo en hacer públicas las cuentas personales de los diputados, con la debida salvaguarda de aquellos datos «que pertenezcan al ámbito privado». Tras las intervenciones de los portavoces en el pleno de ayer en La Encarnación, el presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo, saludó la predisposición y aclaró que «ni es una nueva ley ni es obligatoria». Sus palabras contestaban al diputado de IU, Francisco Molina, quien también pidió detallar «en qué se gastan los partidos» las partidas que le son asignadas. A saber, los 87.000 euros para el PP, los casi 58.000 para el PSOE y los 17.000 del grupo mixto.
Según el presidente de la institución, la gente podrá comprobar que «nuestras percepciones están por debajo del común de las administraciones locales del resto del país». Para ello, consignarán sus datos económicos en un formulario calcado del que acaba de utilizar el Congreso y el Senado para los representantes de ámbito nacional. Cumplimentar una declaración con los bienes no es nuevo, pero sí su publicación, en este caso, en la web de la institución.
Por su parte, la portavoz socialista, Rosa Muñoz, aseveró que la iniciativa ayudará a «no meter a toda la clase política en el mismo saco» y luchar contra dichos populares recurrentes como «el que se mete en política es porque algo sacará».
Sin apenas contenido a la espera de los nuevos presupuestos, el pleno ordinario de febrero tan sólo sirvió para tomar razón de la denuncia de la diputada popular Clara San Damián, que acaba de ser nombrada subdelegada del Gobierno. De ahí que hubiera un sillón vacío, el que deberá ocupar el alcalde de Fuentesaúco, Gaspar Corrales, en la próxima sesión.
Sí salió adelante la moción del Partido Socialista para pedir a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de los gastos que generan los enfermos psíquicos, toda vez que las competencias sanitarias pertenecen a las administraciones regionales. Este capítulo supone más de dos millones de euros anuales. «El nuevo Gobierno prepara una ley para determinar las competencias que cada administración puede ejercer y prohibir las que le son impropias», adelanto el presidente Maíllo. Por otro lado y por iniciativa de Adeiza, la institución impulsó el expediente para conceder la medalla de oro al historiador Quintín Aldea, fallecido el 30 de enero.
