Opinión21/01/2012Editorial
Propiedad intelectual vs. derechos fundamentales
diariodeavila. es
El cierre, por parte del FBI, de la página web Megaupload, que servía para el intercambio de información y de archivos entre ‘internautas’ y que contaba con alrededor de 150 millones de usuarios de todo el mundo, está despertando un sinfín de críticas en los lugares más dispares del planeta, llegando a movilizar de forma silenciosa pero muy organizada a uno de los grupos de piratas informáticos con más influencia en el globo, Anonymous, que ha desencadenado ya ataques contra las webs de importantes industrias audiovisuales norteamericanas y contra páginas dependientes de la administración pública, como la del Departamento de Justicia.
La situación es muy compleja en cuanto que afecta a la globalidad del planeta, y viene a suponer que cuando se toman acciones similares a la del cierre de Megaupload se consigue el efecto deseado contrario, que es el fortalecimiento del tejido social contra las polémicas decisiones. Al menos eso es lo que ocurre de forma inmediata, y aún es pronto para comprobar si la situación se enfría con el paso del tiempo y la consolidación de la decisión.
Esta situación viene a demostrar que existe, por un lado, un compromiso de las diferentes administraciones de los países por salvaguardar los derechos relativos a la propiedad intelectual y, por otro, un afán manifiesto de la población de todo el mundo por anteponer el derecho de libertad de expresión, difusión de contenidos y de privacidad de los ciudadanos.
Podemos trasladar la polémica de los Estados Unidos a nuestro país. Hace sólo unos días que el Congreso estadounidense intentara aprobar lo que se ha venido en llamar la ley SOPA -una norma que pretende detener la difusión ilegal e indiscriminada de contenido protegido por leyes de autor-, proponiendo la intervención, incluso, en cualquier parte del mundo. En España, una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha sido aprobar el reglamento de lo que ya se denomina como ley Sinde-Wert, que pretende dotar de potestad a la autoridad administrativa para interrumpir servicios de internet que se considere que transmiten material de forma ilegal.
Llegados a esta delicada situación, y teniendo en cuenta el buen fin que se plantean los poderes Ejecutivos aspirando a proteger los derechos de propiedad intelectual frente a un posible expolio de los mismos, cualquier medida debe contar con la protección judicial adecuada, y ha de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Opinión21/01/2012Editorial
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El cierre, por parte del FBI, de la página web Megaupload, que servía para el intercambio de información y de archivos entre ‘internautas’ y que contaba con alrededor de 150 millones de usuarios de todo el mundo, está despertando un sinfín de críticas en los lugares más dispares del planeta, llegando a movilizar de forma silenciosa pero muy organizada a uno de los grupos de piratas informáticos con más influencia en el globo, Anonymous, que ha desencadenado ya ataques contra las webs de importantes industrias audiovisuales norteamericanas y contra páginas dependientes de la administración pública, como la del Departamento de Justicia.
La situación es muy compleja en cuanto que afecta a la globalidad del planeta, y viene a suponer que cuando se toman acciones similares a la del cierre de Megaupload se consigue el efecto deseado contrario, que es el fortalecimiento del tejido social contra las polémicas decisiones. Al menos eso es lo que ocurre de forma inmediata, y aún es pronto para comprobar si la situación se enfría con el paso del tiempo y la consolidación de la decisión.
Esta situación viene a demostrar que existe, por un lado, un compromiso de las diferentes administraciones de los países por salvaguardar los derechos relativos a la propiedad intelectual y, por otro, un afán manifiesto de la población de todo el mundo por anteponer el derecho de libertad de expresión, difusión de contenidos y de privacidad de los ciudadanos.
Podemos trasladar la polémica de los Estados Unidos a nuestro país. Hace sólo unos días que el Congreso estadounidense intentara aprobar lo que se ha venido en llamar la ley SOPA -una norma que pretende detener la difusión ilegal e indiscriminada de contenido protegido por leyes de autor-, proponiendo la intervención, incluso, en cualquier parte del mundo. En España, una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha sido aprobar el reglamento de lo que ya se denomina como ley Sinde-Wert, que pretende dotar de potestad a la autoridad administrativa para interrumpir servicios de internet que se considere que transmiten material de forma ilegal.
Llegados a esta delicada situación, y teniendo en cuenta el buen fin que se plantean los poderes Ejecutivos aspirando a proteger los derechos de propiedad intelectual frente a un posible expolio de los mismos, cualquier medida debe contar con la protección judicial adecuada, y ha de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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