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(sacado del Diario de León de hoy mismo)


LEON Sábado, 14 de Abril de 2007


«El Tribunal de la Haya debería juzgar los crímenes del franquismo»

Macrino Suárez fue ministro de la II República en el exilio (1971-1977)


| Entrevista | Macrino Suárez |
El presidente del Ateneo Republicano Asturiano, principal orador en el homenaje de hoy a los represaliados leoneses, defiende las leyes internacionales para rehabilitar a las víctimas
Marco Romero león

Fue ministro de Economía en el último gobierno republicano en el exilio. Macrino Suárez vive ahora en Asturias, donde mantiene una intensa actividad intelectual. De sus años en el exilio mantiene un vivo recuerdo respecto a «la grandeza de aquellos hombres y mujeres que no perseguían el fin de gobernar, sino de mantener viva la llama de la libertad».

-¿En qué va a basar su discurso?

-En la defensa y el derecho irrenunciable que tienen las víctimas del franquismo de que se rehabiliten dignamente sus derechos. También voy a insistir en que el proyecto de ley presentado por el Gobierno socialista, en su esencia, no puede defender esa dignidad porque está orientado hacia el olvido final y asienta la impunidad de los crímenes cometidos entre 1939 y 1976. En ese periodo, los vencedores deciden dividir a España en dos y, en contra de los principios cristianos que decían defender, no hubo perdón, no hubo reconciliación y sí hubo encarnizamiento contra los vencidos.

-¿Una ley aprobada en las Cortes es el camino idóneo para rehabilitar la memoria de las víctimas de una dictadura?

-La ley nace muerta. Ya en el preámbulo dice que no hay responsabilidades penales de los que cometieron los crímenes y, por lo tanto, tendría que ser el Tribunal Internacional de La Haya el que decidiera. Los jueces españoles han utilizado las leyes internacionales para inculpar a Pinochet, a los asesinos argentinos, incluso hay gestiones para las víctimas en Perú y Guatemala y, sin embargo, esa ley internacional que se deriva de los juicios de Nuremberg, que tiene efectos retroactivos, no se aplica en España.

-Tampoco se anulan los juicios sumarímos, que en León se cuentan por miles.

-Ya teniendo la manga muy ancha, uno puede decir que en la Guerra Civil hubo desmanes de uno y de otro lado. Pero desde el año 39 hasta el 76 hay juicios sumarísimos sin ningún contenido legal y que son susceptibles de aplicarles la ley de lesa humanidad porque fueron simulacros de juicios en los que no hubo ni siquiera derechos de defensa.

-¿Qué consecuencias puede tener la ley si se aprueba tal cual está redactada?

-Un pueblo no puede tener futuro si no conoce el pasado. La ley se acabará aprobando, pese a las enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas por el PP, IU y Ezquerra Republicana, con lo cual le quita el consenso que requiere la rehabilitación moral de las víctimas.

-¿La exhumación de fosas no debería ser asumida por el Estado?

-Claro, eso también. Fue el responsable de que haya habido enterramientos clandestinos y fusilamientos, por lo que es una responsabilidad que debería asumir. Tienen que ser ellos los que decidan que haya una rehabilitación pública y los que financien la localización y la exhumación de los cadáveres, no dejar ese asunto en manos de las asociaciones. Alemania ha llegado a una reconciliación que parte de que el Estado asumió los crímenes de los nazis. Pidieron perdón y remuneraron y rehabilitaron a las víctimas del nazismo, y eso es lo que tenemos que hacer. Esperemos que algún día haya una reconciliación en España. No se trata de reabrir heridas, como dice el PP. Se trata de que las víctimas tienen derecho a saber quién condenó a sus padres o a sus abuelos y por qué lo hicieron. Esa actitud significa que todavía hay personas que tienen algo que ocultar.

-¿El enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios está deteriorando la democracia? -Sí. El gran problema que tenemos en España es que hay un deterioro galopante de la democracia. Los dos partidos estatales se preocupan más de los intereses propios que del país. Hay problemas graves que no se discuten, como que los beneficios de las empresas crecen exponencialmente mientras que los salarios pierden poder adquisitivo. Tampoco se ha consolidado la configuración territorial del Estado español. Lo que llama la atención es que se dicten nuevos estatutos de autonomía porque se hicieron hace 40 años y ya no valen y, sin embargo, la Costitución, 30 años después, sigue igual. Es decir, lo que es válido para 17 comunidades no es válido para el total de la nación. La Constitución hay que reformarla y hay que legitimar la forma de Estado. El pueblo español tiene el derecho de decidir si España tiene que ser una monarquía o una república. Esa legitimación no la da un dictador carismático, ni los padrinos de la patria, ni los gobiernos extranjeros, ni las instituciones supranacionales; es un derecho ineludible de la voluntad popular.


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